Resumen: Condenado el banco recurrente a devolver al comprador las cantidades anticipadas por este a la promotora, la controversia en casación se centra en determinar si la Ley 57/68 era aplicable al caso, y en caso afirmativo, si fue conforme a la jurisprudencia de la sala la declaración de responsabilidad de la entidad bancaria recurrente como receptora de los anticipos. En primer lugar, declara que no ha quedado acreditado que la vivienda se adquiriera para uso no residencial. En segundo lugar, declara que, consta que, con relación a las cantidades que se reclaman, el comprador utilizó sin justificación una mecánica de pagos en virtud de la cual no fue él mismo o la promotora quienes las ingresaron en una cuenta de la promotora sino que los ingresos los realizó un tercero ajeno al contrato, en concreto una mercantil, sin que conste que hiciera indicación del concepto al que correspondían esos ingresos ni que mencionara al comprador por cuya cuenta los hizo. Este modo de proceder impidió que el comprador pudiera ser identificado por el banco recurrente como titular de los derechos irrenunciables de la Ley 57/68. La contradicción entre los términos del contrato y el tiempo y la forma del anticipo reclamado en la demanda no permiten imponer al banco una responsabilidad tan rigurosa como es la de la Ley 57/68 cuando ha habido una absoluta falta de rigor en el cumplimiento de los términos del contrato de compraventa relativos a los anticipos a cuenta del precio de la vivienda.
Resumen: La arrendataria de una vivienda protegida reclamó a la EMV Madrid la cantidad abonada en concepto de cuota de comunidad y las sentencias de las instancias estimaron la demanda al considerar, en lo que interesa, que no concurrían los requisitos del art. 20 LAU (constar por escrito y cuantificación anual del coste). La EMV recurrió en casación insistiendo en lo que había sostenido en el litigio de que dicho artículo no era aplicable al caso dada la prevalencia de la norma autonómica reguladora de la materia sobre la ley estatal arrendaticia. Admisibilidad del recurso. La cuestión controvertida radica en determinar si la legislación autonómica, que contempla la repercusión de tales servicios a los arrendatarios, debe ser integrada con lo dispuesto en la LAU 1994 a modo de un requisito adicional, no contemplado específicamente en aquélla normativa de aplicación preferente, cuál es la cuantificación de los servicios en la primera anualidad de celebración del contrato. La sala concluye que en este caso no hay laguna que cubrir mediante la aplicación supletoria de la LAU, debiéndose estar en el caso de las VPO a la normativa autonómica de aplicación preferente, en este caso dictada en el marco de las competencias de la CAM, que no exige dicho requisito.
Resumen: El recurso de casación se fundamenta en la infracción del art. 20.1 LAU y en su aplicación a las viviendas de protección oficial, sometidas a un régimen legal al que remite la disposición adicional primera de la ley arrendaticia, y que plantea el problema jurídico concerniente a los requisitos para la repercusión del arrendador al arrendatario de los gastos generales no individualizables en los precitados arrendamientos protegidos y, únicamente, sobre los costes reales. La cuestión controvertida radica entonces en determinar si la legislación autonómica, que contempla la repercusión de tales servicios a los arrendatarios, debe de ser integrada con lo dispuesto en la LAU de 1994 a modo de un requisito adicional, no contemplado específicamente en aquélla normativa de aplicación preferente, cuál es la cuantificación de los servicios en una anualidad. La sala declara que, al no darse el supuesto de la supletoriedad legal, no cabe aplicar el art. 20.1 LAU y sus exigencias normativas, circunscritas a las viviendas del mercado libre y no intervenido, con respecto a las de protección oficial, con renta limitada y potestad de repercusión del coste real de los servicios prestados a los arrendatarios, sometidas a la legislación autonómica de aplicación normativa preferente y dictada en el marco de las competencias de la Comunidad de Madrid; tampoco es de aplicación el art. 6 LAU. Se estima el recurso de casación interpuesto por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid.
Resumen: Ley 57/1968. Es aplicable a una cooperativa de viviendas titular del derecho de superficie sobre el suelo en el que se debían construir las viviendas adquiridas por los socios para fines residenciales. Aplicación de la doctrina contenida en la sentencia 498/2024 para justificar la procedencia de aplicar la Ley 57/1968 a esta misma promoción y considerar incompatible con su jurisprudencia la valoración jurídica del tribunal sentenciador sobre el destino de las viviendas. Concurren los requisitos del art. 1-2ª de la Ley 57/1968 y la jurisprudencia para responsabilizar al banco como receptor de las cantidades anticipadas por los cooperativistas-demandantes a la promotora a cuenta del precio de la vivienda. Dicha responsabilidad legal, que no cabe confundir con la del garante, no depende de que la cuenta en la que ingresen las cantidades anticipadas por los compradores sea especial, sino únicamente que la entidad de crédito conozca o no pueda desconocer que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de viviendas en construcción. Los intereses devengarán desde la fecha de cada anticipo, como recuerda la misma sentencia 498/2024.
Resumen: Demanda de reclamación de cantidades anticipadas para la compraventa de vivienda en construcción al amparo de la Ley 57/1968. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y, recurrida en apelación, la Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó la resolución impugnada. Interpone recurso extraordinario por infracción procesal y de casación la entidad demandada, y la Sala desestima el recurso de casación por incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento (art. 483.2.4.º LEC), por alterar la base fáctica de la sentencia recurrida que, tras examinar la prueba practicada, concluyó que el banco pudo controlar los ingresos de los cheques y vincularlos con anticipos del comprador a cuenta del precio de su vivienda. Esta causa de inadmisión es apreciable también en sentencia como razón para desestimar el recurso, sin que obstaculice esta conclusión, conforme a reiterada jurisprudencia, el que el recurso en su día fuera admitido a trámite, por el carácter provisorio de la admisión acordada inicialmente, al hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia. La inadmisión del recurso de casación determina que se inadmita, sin más trámites, el recurso por infracción procesal, en aplicación de la disposición final 16.ª LEC.
Resumen: Ley 57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. Inexistencia, en este caso, de indicios de compraventa con una finalidad no residencial. Sociedad vendedora distinta de la promotora, pero equiparable a ésta a los efectos de la protección del comprador por la Ley 57/1968. Responsabilidad del art. 1-2.ª. La sala concluye que la valoración jurídica del tribunal sentenciador (que motiva por remisión a sentencias dictadas por la misma AP) de que el banco demandado pudo conocer, con un mínimo de diligencia, que el destino del ingreso hecho por la compradora era la promoción inmobiliaria, no se ajusta a la jurisprudencia sobre la responsabilidad del art. 1-2.ª Ley 57/1968 por concurrir circunstancias muy similares a las de los casos resueltos por las SSTS 306/2024 y 344/2024: en primer lugar, porque la transferencia se hizo antes de que se suscribiera el contrato de compraventa; en segundo lugar, porque en la transferencia no se indicó concepto alguno que permitiera identificarla con un anticipo a cuenta del precio de una vivienda en construcción, y, en tercer lugar, porque la gran cantidad de movimientos, tanto ingresos como gastos, de la cuenta, sin indicaciones relativas a viviendas o promociones inmobiliarias, no podía traducirse en exigir a banco demandado un escrutinio inquisitivo que la determinase a no admitir ingresos si no se abría una cuenta especial debidamente garantizada. La sala estima el recurso del banco demandado.
Resumen: Demanda sobre declaración de error judicial. En cuanto al auto de 10 de febrero de 2022, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Figueres, en el juicio ordinario núm. 367/2019, que estimó la solicitud de nulidad de actuaciones formulada por la parte demandada por apreciar falta de legitimación activa anterior a la demanda y ordenó el archivo de las actuaciones, en una demanda de juicio ordinario contra la comunidad de propietarios, en la que impugnaron determinados acuerdos alcanzados por dicha comunidad en régimen de propiedad horizontal. El juzgado dictó auto de 15 de diciembre de 2021 por el que estimaba la nulidad solicitada por considerar que se había tramitado todo el juicio sin la personación en forma de los demandantes. Los demandantes interpusieron una solicitud de nulidad de dicho auto, que fue inadmitida por providencia de 10 de febrero de 2022, en el que se volvió a aseverar que contra el auto no cabía recurso alguno. Se desestima por falta de agotamiento de los remedios procesales ; la parte debería haber interpuesto un recurso de apelación, y si no le hubiera sido admitido a trámite por el juzgado, debería haber intentado el recurso de queja ante la Audiencia Provincial, en los términos de los arts. 494 y 495 LEC. Y al no haber actuado así, incumplió el requisito de procedibilidad establecido en el art. 293.f LOPJ, por lo que la Sala desestima la demanda.
Resumen: Reiteración de jurisprudencia.Se presentó demanda contra la promotora y la entidad bancaria sobre restitución de cantidades anticipadas por los compradores de viviendas en construcción. La promotora se allanó parcialmente. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y condenó solidariamente a las demandadas. La entidad bancaria recurrió en apelación y la Audiencia desestimó el recurso. La promotora interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y casación. La responsabilidad de la entidad de crédito, en el marco de la Ley 57/1968, por no exigir la constitución de las garantías sobre las cantidades anticipadas, requiere que la entidad conociera o debiera haber conocido que los ingresos en las cuentas del promotor correspondían a anticipos de los compradores de viviendas. Improcedencia de aplicar la jurisprudencia fijada por las sentencias de pleno 491/2024 y 492/2024, las dos de 12 de abril, por no constar que los efectos ingresados hubieran sido previamente descontados por dicha entidad en virtud de contrato de descuento con la promotora. En la misma línea que las SSTS 344/2024 y 306/2024 limita la responsabilidad de las entidades de crédito bajo la Ley 57/1968 a aquellos casos en los que se demuestre su conocimiento sobre los anticipos de los compradores, exonerando a las entidades bancarias si no consta tal conocimiento.
Resumen: Según la jurisprudencia, la cuestión de si el banco conoció o debió conocer y por tanto controlar los pagos «no tiene una dimensión puramente fáctica, sino que encierra una valoración jurídica de la responsabilidad del banco» revisable en casación. Lo que no puede revisarse en casación, por ser materia propia del recurso extraordinario por infracción procesal, es «el juicio fáctico en que el tribunal sentenciador sustentó su conclusión jurídica». La Sala, con desestimación del recurso, concluye: i) que, en virtud del pacto entre promotora y el banco al que se refieren los anexos incorporados a determinados contratos, entre los que no estaba el contrato litigioso, el banco se comprometió a avalar a esos concretos compradores que ingresaran sus anticipos en la cuenta de dicha entidad expresamente garantizada; y ii) que valorada la prueba en su conjunto, resulta probado que el ingreso realizado se trató de una cantidad a cuenta del precio de la vivienda, despejando las dudas que resultaban del hecho de que en el calendario de pagos pactado no existiera un pago a cuenta por ese importe.
Resumen: Reiteración de jurisprudencia.Se presentó demanda contra la promotora y la entidad bancaria sobre restitución de cantidades anticipadas por los compradores de viviendas en construcción. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y condenó solidariamente a las demandadas. La entidad bancaria recurrió en apelación y la Audiencia desestimó el recurso. La promotora interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y casación. La responsabilidad de la entidad de crédito, en el marco de la Ley 57/1968, por no exigir la constitución de las garantías sobre las cantidades anticipadas, requiere que la entidad conociera o debiera haber conocido que los ingresos en las cuentas del promotor correspondían a anticipos de los compradores de viviendas. Improcedencia de aplicar la jurisprudencia fijada por las sentencias de pleno 491/2024 y 492/2024, las dos de 12 de abril, por no constar que los efectos ingresados hubieran sido previamente descontados por dicha entidad en virtud de contrato de descuento con la promotora. En la misma línea que las SSTS 344/2024 y 306/2024 limita la responsabilidad de las entidades de crédito bajo la Ley 57/1968 a aquellos casos en los que se demuestre su conocimiento sobre los anticipos de los compradores, exonerando a las entidades bancarias si no consta tal conocimiento.
